La depravación de poder en los Ayuntamientos Andaluces: La Policía Local como víctima, PARTE I

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En esta ocasión pongamos de ejemplo a Antequera, una ciudad rica en historia y  de gran interés turístico cuya  extensión es de 748,25 Km2 y una población total según el SIMA de 41.318 habitantes, de los cuales 20.215 son hombres y 21.103 mujeres. En cuanto a la actividad económica tiene una tasa total de desempleo del 22,5%, es decir 9296 habitantes carecen de empleo y 27.304 habitantes tienen contratos exclusivamente temporales.

En materia de seguridad se le suma una casa cuartel de la Guardia Civil, una Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, y una Jefatura de Policía Local compuesta por poco mas de 40 efectivos de agentes de Policía Local.

Según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior Antequera tiene un 3% aproximadamente de infracciones penales correspondiente al año 2020.

Este número de infracciones penales son aportadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas y Policías Locales que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad.

Es significativo  que el 75% de las infracciones penales corresponde a la categoría de «Resto de infracciones penales» es decir aquellas no incluidas entre (Homicidios dolosos y asesinatos consumados, Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa, Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, Secuestro, Delitos contra la libertad e indemnidad sexual, Agresión sexual con penetración, Resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, Robos con violencia e intimidación, Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, Robos con fuerza en domicilios, Hurtos, Sustracciones de vehículos y Tráfico de drogas). Del mismo modo que también llama la atención que solo el 0,8% corresponda al tráfico de drogas, pero sobre esto último nos extenderemos en otra ocasión.

En principio y según los datos expuestos,  los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Antequera, actúan como elemento preventivo y eficaz ante las infracciones penales, pero estos últimos no son los únicos que tienen la obligación de velar por el principio de legalidad.

¿Qué ocurre cuando es competencia de los Ayuntamientos velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y otras de jerarquía superior?.

Les pongo varios ejemplos: Si un vecino esta causando ruido en horas inadecuadas (ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE ANTEQUERA), si por el contrario hay varias personas tirando petardos con el correspondiente riesgo para su seguridad (ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE ACTUACIONES ANTISOCIALES), si se encuentra tranquilamente en un parque con su hijo menor y hay un perro suelto,  sin bozal, siendo este de raza considerada peligrosa y el dueño no acata la normativa  (ORDENANZA DE TENENCIA Y CONTROL DE ANIMALES), o simplemente que exista un establecimiento que carezca de licencia de apertura y del mínimo cumplimiento normativo  cuando usted esta cumpliendo en su negocio con la norma (ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS, ACTIVIDADES E INSTALACIONES).

El incumplimiento de las ordenanzas municipales crea perjuicios a los ciudadanos y en muchas de las ocasiones estos acaban en enfrentamientos personales e incluso litigios que llegan a afectar gravemente la salud y/o economía.

Y es aquí cuando entra el principio de legalidad y de preceptos constitucionales cuyos mandatos a los poderes públicos (Ayuntamientos) de someter su actuación a derecho son enturbiados por la conveniencia política, y la apariencia de esta que oculta una depravación del poder.

¿Qué quiere decir esto?, pues que el Ayuntamiento, más concretamente sus funcionarios, empleados públicos, concejales o demás miembros de gobierno municipal pueden estar mirando para otro lado (prevaricando) ante el incumplimiento de las normas por la cual tiene el deber de velar para proteger los derechos del ciudadano y por el principio de legalidad.

Pero para consumar su maléfico plan, deben tener un colaborador necesario y no es mas que la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales.

¿Entonces es la Policía Local la que no hace su trabajo?. No, un rotundo no.

Presten la debida atención a lo que dice su Artículo 12,

El Cuerpo de la Policía Local estará bajo la superior autoridad y dependencia directa del Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones de competencias previstas en la normativa de Régimen Local.

El jefe inmediato del Cuerpo será nombrado por el Alcalde, por el procedimiento de libre designación(es decir, a dedo) de acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, pudiendo ser removido libremente de dichas funciones (o haces lo que diga o pasas a mejor empleo).

 Por otro lado el Artículo 57 delimita las funciones por escala, es decir, organización y dirección (Jefe), ejecución de los servicios (mandos encargados de servicio) y por último son el resto de policías locales los que deben seguir las pautas e instrucciones planificadas por sus superiores.

Ahora estarán pensando que omití un actor en esta trama, y no, no falta ninguno, ¿ve usted en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales la figura del Concejal de Seguridad?, pues… por suerte no.

Por tanto dicho lo anterior, cuando usted requiera a la Policía Local porque se encuentre en un situación que le afecta y se contempla en mas de las 30 ordenanzas municipales existentes, recuerde que el Agente de Policía levantara acta de lo sucedido, dará cuenta a su superior, el superior al Jefe de Policía y este último al Alcalde, el cual tiene el deber y la obligación del sometimiento pleno a la ley y al derecho, no a saltarse las normas por intereses personales o partidistas, pues en ese caso, podría estar incurriendo en un delito tipificado en el Artículo 404 del Código Penal:

 

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.  

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